El burgomaestre vendió la teoría de que si el Estado no solo asiste al drogadicto con medicamentos, sino que le facilita las dosis de sustancias psicoactivas, los índices de criminalidad se reducirían como resultado. Como era de esperarse, pocos se la compraron. La ministra de Salud, Beatriz Londoño, pidió evidencia científica para sustentar la propuesta. El procurador Alejandro Ordoñez fue más lejos, "se la fumó verde", dijo, (aunque después se retractó) y la calificó de inconstitucional. Salvo el fiscal Eduardo Montealegre, quien se refirió a la propuesta como "audaz" y pidió debatirla sin miedo, y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, para quien una iniciativa como esta "le haría mucho bien a la sociedad", las opiniones fueron críticas y cargadas de escepticismo.

El problema fue que Petro hizo una propuesta de salud pública con fines de política criminal. Enfatizó en que de esta manera se combatiría al microtráfico, pero no explicó cómo se deberían tratar a los drogadictos. Al final, quedaron en el ambiente más dudas que respuestas y por eso tanto el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como el propio alcalde, tuvieron que corregir la plana. Explicaron, días después, que no se trataba de crear zonas de tolerancia al consumo de estupefacientes en la ciudad, sino de debatir un mecanismo que conciba al adicto como a un enfermo, no como a un criminal. Esta forma de ver el problema ya está incluida en la ley colombiana. 

El secretario de salud de la capital anunció que en dos meses saldrán a las calles unas unidades móviles (Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas, Camad) para tratar a los drogadictos. Estos vehículos estarán equipados con profesionales de la salud y medicamentos para mitigar el síndrome de abstinencia. Centros como este ya se habían implementado en otros gobiernos distritales. Lo novedoso es que atenderán in situ a las poblaciones alrededor de los expendios (el Bronx y San Bernardo) en el centro de Bogotá. La iniciativa es positiva pues muestra un interés de la Alcaldía por ayudar a personas afectadas por la adicción. Así se rectificó lo que al comienzo pareció una salida en falso del alcalde. 

Más allá de la revisión de la medida por el Distrito, la pertinencia del debate, y su incidencia nacional, quedaron sobre la mesa. El aumento del uso de drogas en todo el mundo, pero también el interés de varios países, incluido Colombia, por discutir alternativas distintas a la represión para combatir el narcotráfico, no se puede soslayar. 

Uno de los componentes más polémicos de la propuesta sería la eventual entrega de droga a los adictos por parte del Estado. En 2009, una reforma de la Constitución de 1991 que pretendía prohibir el porte de drogas, terminó aceptando que los pacientes puedan portarlas con prescripción médica. Con esa norma en mente Petro invocó la facultad del Estado para darles dosis mínimas a los adictos. No obstante, hasta ahora se desconoce el efecto de esa parte de la Carta, pues en Colombia no se sabe de tratamientos médicos que usen las drogas ilícitas como parte de terapias para dejar de consumirlas. Lo que sí está claro es que el Estado no puede proveer drogas ilegales al consumidor, así sea de manera controlada. Para que esto fuera posible, el debate pasaría por la legalización, cuestión que seguramente los países tendrán que considerar algún día, pero cuyas conclusiones se conocerán en un futuro no tan cercano.

Sin embargo, se ha argumentado que medidas semejantes a las que propone Petro se han implementado en Holanda, Suiza o España (ver recuadro). Pero, como dijo a SEMANA el representante de la Cámara Alfonso Prada, "las realidades de consumo, sociales y económicas de esos países son distintas". En primer lugar, los centros de consumo controlado que han dado resultado en Europa han sido habilitados para adictos a la heroína. Esa particularidad es importante. En Colombia, según el estudio de sustancias psicoactivas en Bogotá hecho por la Secretaría de Salud en 2008, no se presentó consumo de esa droga entre los más de 6.600 encuestados, y solo 7 personas la habían consumido una vez en la vida. Es decir, si se quisiera replicar la fórmula solo beneficiarían a una minoría de adictos que todavía es difícil determinar. Las razónes por las que España y Suiza, a mediados de los ochenta, implementaron los primeros centros de consumo para heroinómanos, en los que se sustituye la heroína por metadona, fueron para evitar el contagio de Sida y las muertes por el consumo de sustancias adulteradas. En políticas públicas eso se conoce como 'el mal menor'. La medida se ha extendido a muchas ciudades de Europa y de Canadá.

Pero de Madrid a Bogotá hay mucho trecho. Según el estudio mencionado, cuyos datos fueron utilizados por Petro para defender su propuesta, cerca de 70.000 bogotanos podrían considerarse adictos a la marihuana, 16.000 a la cocaína y 7.000 al bazuco. Cada una de estas adicciones, sin embargo, supone retos distintos desde el punto de vista terapéutico y farmacológico. Y en el país no se conoce de tratamientos que utilicen dosis de esas sustancias para tratar las adicciones. El alcalde se atrevió a sugerir que las dosis para atender a los adictos saldrían de las incautaciones que hacen las autoridades, una medida que no se ha implementado en ningún país. 

El problema de salud pública que entraña la drogadicción es un reto enorme para cualquier sociedad. Para empezar, los tratamientos son muy costosos. Por ejemplo, en un centro de rehabilitación privado el tratamiento promedio de un adicto vale 15 millones de pesos. Pero la mayoría (más del 70 por ciento) de los adictos reinciden, por lo que se requeriría dos o tres veces esa cantidad de dinero. Según datos del estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, en 2008 había cerca de 300.000 adictos a alguna droga. Un país no puede dejar perder esa población y por eso debe actuar. Pero, las políticas públicas, aunque las ha habido, son insuficientes. Actualmente el Estado solo tiene capacidad para atender uno de cada 1.000 adictos. Y solo el 15 por ciento de los centros de rehabilitación son públicos.